Mientras el propio presidente del Gobierno asegura desde Brasil que a la Ley de Amnistía solo le faltan «cambios técnicos» su número dos, María Jesús Montero, reconoce en los pasillos del Senado que «estamos trabajando hasta el último minuto».
La proposición de ley de amnistía para los encausados del procès tiene este jueves una nueva prueba de fuego en el Congreso de Diputados donde la Comisión de Justicia, presumiblemente, la aprobará. Con ello se abre de nuevo el proceso para que esta norma, que garantizaría la gobernabilidad de Pedro Sánchez, salga adelante.
El pasado 30 de enero Junts, temiendo que su líder, Carles Puigdemont, quedara fuera de la medida de gracia, decidió votar en contra de la ley y la devolvió así a la Comisión de Justicia. Ahora, una vez sea aprobada de nuevo por la Comisión de Justicia el próximo jueves, pasará después al pleno del Congreso, que todavía no está fijado, y de ahí al Senado, donde el PP (con mayoría absoluta) tiene previsto ralentizar el proyecto al menos dos meses antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido cambios en la ley para dar más garantías el expresident fugado, pero el acuerdo, aunque el Gobierno y el PSOE aseguran que está cerca, todavía no se ha anunciado y la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, dice que se está trabajando «hasta el último momento».
Qué pasa si la ley no se aprueba
Si la proposición de ley decae del todo y no sale, el PSOE tendría que redactar una nueva proposición en el Congreso, es decir, empezar el proceso desde cero. Y eso no cuadra con los intereses electorales de Psoe ni de Junts que quieren llegar a las elecciones europeas con los deberes hechos, sobre todo Junts que podría volver a poner de candidato europeo a Puigdemont.
El PSOE presume ahora de que tiene casi cerrado un acuerdo in extremis con Junts, que podría anunciarse hoy mismo. En ese acuerdo se habrían pactado «aspectos técnicos» que no serán tan técnicos cuando han sido cruciales para que Puigdemont diga SÍ, si es que realmente se anuncia el acuerdo.
Esos «detalles técnicos» son en realidad hipotéticas garantías del Gobierno y del PSOE de que se blindan a Puigdemont y los suyos ante cualquier citación de los dos jueces García Castellón, por delito de terrorismo en la causa del Tsunami Democratic, y Joaquín Aguirre, juez Instructor del caso Voloh, por delitos de alta traición.
En el caso Tsunami Democratic se investiga a Puigdemont por instigar los hechos violentos del corte de carreteras y asalto al aeropuerto de El Prat. En el segundo, el caso Voloh, por sus contactos con agentes rusos que habrían propuesto ayuda militar y económica para la independencia de Cataluña a Puigdemont a cambio de favorecer el mercado de las Cripto-monedas en el nuevo estado catalán-, asuntos ambos que pueden poner en apuros a los implicados en el Procés.
Se supone que la nueva redacción de la ley de Amnistía evitaría que esos jueces u otros pudieran encausar a Puigdemont, Rovira y resto de implicados, sobre todo al menos una decena de CDR’s.
Y si sale la ley adelante
En ese escenario, el nuevo dictamen volverá a debatirse y votarse en el pleno del Congreso en breve. Si recibiera el apoyo por mayoría simple el texto final tendría que aprobarse después por mayoría absoluta y siempre en el mismo Pleno. Es decir, se repetiría el debate con el mismo procedimiento que la última votación fallida de hace un mes.
Hecho esto, la Ley pasaría al Senado. Como el PP tiene allí mayoría absoluta seguro que se dilata su tramitación lo máximo posible: hasta dos meses en vez de 20 días (recuerda que esto es posible gracias al cambio del Reglamento de la Cámara Alta que hizo hace poco el PP.
Fuente: ondacero.es