La Agencia Valenciana dirime si percibieron retribuciones por parte de dos administraciones públicas infringiendo la ley de incompatibilidades.
La Agencia Valenciana Antifraude investiga presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Callosa de Segura en materia de retribuciones percibidas por parte de cargos públicos en un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, al poder infringir la normativa de incompatibilidades.
En concreto, tras denuncias ciudadanas, se está investigando al alcalde de Callosa, Manuel Martínez, y a la concejala de Urbanismo, Rocío Cuadrado, por «presuntas Irregularidades en materia de retribuciones percibidas por parte de cargos públicos en segundo puesto o actividad en el sector público».
Según la denuncia, el alcalde Manuel Martínez ha estado percibiendo salarios de dos administraciones públicas durante los mismos periodos, sin haber solicitado la compatibilidad como requiere la legislación vigente. Por un lado, como regidor de Callosa y por otra parte por el Ayuntamiento de Catral, por realizar labor docente impartiendo cursos tras haber sido seleccionado en una bolsa de trabajo, desde octubre de 2020 hasta junio de 2021.
En la misma línea, Rocío Cuadrado, concejala de Urbanismo, ejerce su labor profesional en el Ayuntamiento de Granja de Rocamora como técnico municipal, sin haber solicitado la compatibilidad en el pleno, como requiere la legislación vigente, por lo que estaría percibiendo salarios de dos administraciones públicas.
Fuentes del Ayuntamiento explican a este diario que el alcalde ha recurrido, presentando alegaciones a finales de abril, después de que el 11 de ese mismo mes se le notificara al Ayuntamiento el informe provisional de investigación. En este sentido, el regidor alega que en la Alcaldía ostentaba un régimen de dedicación parcial al 85%, por lo que la segunda actividad siempre ha sido realizada mientras la dedicación ha sido parcial, nunca con una dedicación exclusiva.
Asimismo, afirma que ha cumplido con la limitación existente en cuanto a retribuciones percibidas fijada en la ley, sin sobrepasar en ningún momento los límites que marca la normativa en materia de retribuciones.
Además, especifica que la dedicación parcial ha sido fuera del horario de la jornada laboral de su centro de trabajo, por lo que se ha cumplido también con la exigencia de llevar a cabo una segunda actividad siempre que no afecte a los horarios ni jornada de la otra actividad que se desarrolla en este caso como cargo público.
Martínez también dice acreditar que el desempeño de ambos cargos, uno en condición de alcalde y otro de empleado público ambos con dedicaciones parciales, no requieren la declaración previa de compatibilidad puesto que lo único que se exige es que no exista incompatibilidad horaria. Por ello, solicita a Antifraude que rectifique el informe provisional en el sentido de que no es necesaria la solicitud de declaración de compatibilidad cuando se trata de dos dedicaciones parciales como en el presente caso y sí se ha cumplido con el requisito de comunicación previa entre administraciones aunque no haya sido por escrito.
Las mismas fuentes indican que no hay constancia en cuanto a la denuncia de Cuadrado, aunque según documentos de la Agencia Antifraude está en en fase de análisis, un procedimiento que se está retrasando debido a la carga de trabajo actual, según la propia agencia.
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